En él se recogen más de cuatrocientas medidas concretas, elaboradas a partir de la realidad lingüística de Galicia, para favorecer el uso del idioma en los distintos ámbitos de la sociedad y garantizar que cualquier ciudadano pueda vivir plenamente en gallego.

Este documento, concebido con la participación de más de un centenar de profesionales representativos de todos los ámbitos de la sociedad gallega, constituye uno de los avances más importantes en política de extensión del uso social del gallego, tras la aprobación de la Ley de normalización lingüística de Galicia, en junio de 1983.

El Plan general de normalización de la lengua gallega establece objetivos generales y concretos, estructurados en dos grandes bloques sectoriales de actuación. El primer bloque integra los sectores de carácter transversal: derechos lingüísticos, nuevas tecnologías e implementación del corpus. El segundo grupo se corresponde con los denominados bloques verticales, correspondientes a los siete ámbitos sociales en los que se pretende actuar: Administración, educación, familia y juventud, economía, sanidad, sociedad y proyección exterior de la lengua.